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Hay, sin embargo, una considerable discrepancia entre las minuciosas disposiciones elaboradas por los expertos y la vida diaria de los niños arrastrados por el torbellino de la guerra. La vulneración de los derechos de los niños por los combatientes parece ser directamente proporcional al número de leyes internacionales aprobadas para garantizar la seguridad de los niños. Los jefes militares asesinan a niños para conquistar el futuro, y el mundo hace la vista gorda. El colapso del orden social abre la puerta a la anarquía. La propensión de la sociedad, por pura negligencia, a tolerar esos comportamientos viola los principios refrendados por el derecho internacional desde sus comienzos. En realidad, nunca habían estado los niños tan poco protegidos.

Se estima que 20 millones de niños y niñas han tenido que abandonar sus hogares por causa de conflictos armados y violaciones de los derechos humanos, y viven como refugiados en países vecinos o han sido desplazados internamente dentro de las fronteras de su propio país.

En los últimos diez años, dos millones de niños y niñas han muerto como consecuencia directa de conflictos armados.

Y aún mayor -al menos seis millones- es la cifra de niños y niñas que han quedado incapacitados de por vida o que han sufrido daños graves.

Más de un millón han quedado huérfanos o han sido separados de sus familias. Cada año, las minas terrestres matan o mutilan a entre 8.000 y 10.000 menores de edad.
Se estima que hay 300.000 niños soldados -niños y niñas menores de 18 años- que participan en más de 30 conflictos armados en todo el mundo. Estos niños soldados son empleados como combatientes, avanzadillas, porteadores, cocineros o como esclavos sexuales. Algunos son reclutados por la fuerza o secuestrados, otros se alistan en un intento de huir de la pobreza, el maltrato o la discriminación, o con el fin de vengar la violencia infligida contra ellos o sus familias.
En 2002 entró en vigor el Protocolo Optativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de los niños en los conflictos armados. Este protocolo prohíbe la utilización de menores de 18 años en enfrentamientos armados. Además de exigir a los estados que eleven a 18 años la edad de reclutamiento obligatorio y participación directa en los conflictos, el protocolo opcional exige a las fuerzas combatientes de los países que eleven la edad mínima para el reclutamiento voluntario por encima de la actual, de 15 años.

Durante los conflictos armados, las mujeres y las niñas están expuestas a sufrir violaciones, violencia doméstica, explotación, humillaciones sexuales y mutilaciones y a ser víctimas de la trata de personas. La violación, junto con otras formas de violencia practicadas contra las mujeres, ha pasado a ser una estrategia bélica empleada por todas las facciones. Los informes elaborados a partir de las investigaciones practicadas tras el genocidio de Ruanda de 1994 revelan que casi todas las mujeres mayores de 12 años habían sido violadas. Durante el conflicto de la antigua Yugoslavia, se estima que más de 20.000 sufrieron agresiones sexuales. Además, los conflictos desmiembran a las familias, lo que acrecienta la carga emocional y económica que pesa sobre la mujer.

De los 25 países que cuentan con la cifra más elevada de huérfanos a causa del SIDA, un tercio se han visto afectados por un conflicto armado en los últimos años. De los 10 países que poseen la mayor tasa de mortalidad de menores de 5 años, 7 padecen un conflicto armado.

Además, los conflictos armados comportan sistemáticamente para los niños y niñas experiencias de gran impacto emocional y psíquico, como el asistir a la muerte violenta de uno de sus progenitores o de un pariente cercano; el ser separados de sus familias; presenciar el asesinato o la tortura de un ser querido; ser arrancados de sus hogares y de su comunidad; verse expuestos al combate, las bombas y otras situaciones de alto riesgo; sufrir actos violentos, como secuestros, detenciones, confinamiento, violaciones y tortura; la interrupción de la rutina escolar y la vida comunitaria, la indigencia y la perspectiva de un futuro incierto. Algunos niños y niñas incluso participan en actos violentos. A todo ello hay que añadir que el nivel de tensión y el estado de los adultos afectan de forma importante a los niños y niñas de todas las edades.

Tómese en cuenta, que en muchas disposiciones del derecho internacional humanitario se estipula una protección especial para los niños en tiempo de conflicto armado. Tal protección está, en realidad, incluida en las normas destinadas a proteger a las personas civiles. En el IV Convenio, relativo a la protección de las personas civiles en tiempo de guerra, aprobado en 1949, hay artículos en los que se dispone una protección especial para los niños. Estas disposiciones se basan en un principio expresado claramente en el Protocolo I, artículo 77: